Este miércoles 22 y jueves 23 de marzo tiene lugar una nueva reunión de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en la que se debatirá sobre una serie de denuncias recibidas, entre las que están tres peticiones españolas sobre migración, presunta vulneración de derechos fundamentales en la educación y la compensación por insularidad.
La primera petición en el orden del día es la presentada en nombre de la ‘Asociación Multicultural de Mazagón y de Almería Acoge’, en la que se asegura que se estarían dando condiciones deplorables en los asentamientos precarios existentes en varios municipios de Huelva y Almería para trabajadores migrantes.
El peticionario afirma que estas personas estarían residiendo en zonas rurales mal comunicadas sin infraestructuras ni servicios básicos mínimos, y que no estarían recibiendo apoyo ni asesoramiento jurídico, como con la adquisición del certificado de empadronamiento que les daría acceso a los servicios públicos básicos y que posibilitaría la obtención de un permiso de trabajo.
En la Directiva 2014/36/UE se establece que los trabajadores temporeros tendrán derecho al mismo trato que los nacionales del Estado miembro de acogida en lo que respecta a las condiciones de trabajo, incluidos, entre otros aspectos, el salario y el despido, así como las exigencias sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo.
El peticionario pone como ejemplo las dificultades a las que se enfrentan estos trabajadores migrantes a la hora de adquirir el certificado de empadronamiento que les daría acceso a los servicios públicos básicos y que posibilitaría la obtención de un permiso de trabajo.
Considera que esta situación constituye una vulneración continua de los derechos establecidos en la Directiva 2014/36/UE sobre las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros, así como de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en lo que respecta a la dignidad humana, la no discriminación o los derechos del menor.
La crisis de la COVID-19 no ha hecho más que agravar los problemas de las personas más vulnerables, especialmente en lo que concierne a sus condiciones de vida y al nivel de atención sanitaria. El peticionario solicita a la Unión Europea que tome medidas de forma inmediata y firme ante tal situación en Almería y Huelva e insta al Gobierno de España y a las autoridades regionales y locales andaluzas a que respeten la legislación de la Unión sobre la protección de las personas migrantes y los derechos consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Por lo que respecta a los nacionales de terceros países en situación irregular, en la Directiva sobre sanciones a los empleadores3 se prohíbe darles empleo y se establecen unas normas mínimas para evitar, detectar y sancionar las infracciones de esta prohibición.
En ella se exige a los Estados miembros que prevean sanciones económicas contra los empleadores de trabajadores migrantes irregulares, así como sanciones penales contra los empleadores de migrantes irregulares que sometan a dichos trabajadores a «condiciones laborales particularmente abusivas» . También se penalizan las infracciones cometidas por un empleador que, «sin haber sido acusado o condenado por un delito establecido en virtud de la Decisión Marco 2002/629/JAI5 , hace uso del trabajo o los servicios de un nacional de un tercer país en situación irregular, sabiendo que esa persona es víctima de la trata de seres humanos».
La segunda petición, presentada por un profesor universitario catalán, miembro del colectivo ‘Universitaris per la Convivència’, asegura que se estaría dando una situación de vulneración de principios fundamentales básicos y limitación de los derechos fundamentales en las universidades públicas de Cataluña, debido a la violencia que se estaría ejerciendo contra los estudiantes que manifiestan su oposición a las propuestas nacionalistas en los campus universitarios. El peticionario considera que tanto las autoridades académicas como la policía habrían permitido en repetidas ocasiones ataques y boicots a estudiantes que discrepan con el nacionalismo, ya que ambas instituciones habrían adoptado una posición partidista a favor del nacionalismo, lo cual contraviene la obligación de neutralidad política de las administraciones.
La tercera petición, presentada en nombre de la asociación ‘Insularidad Digna’, considera que el complemento de indemnización por residencia que se da a los residentes de las Islas Baleares no sería suficiente para compensar por el conjunto de desventajas que les afectan en ámbitos como transporte, comunicaciones, sanidad, educación o coste de vida y de la vivienda. Según el peticionario, esto se traduciría en un déficit de personal de un 23 % aproximadamente, en comparación con otras Comunidades Autónomas, lo que generaría una infradotación de empleados públicos, mayor carga de trabajo y con consecuencias para la ciudadanía en cuanto a la atención y celeridad en la resolución de los expedientes.
Los tres debates se producirán en el turno de la mañana del miércoles, que podrá seguirse en directo aquí.
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