Pepe Contreras

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, p.s., el vocal Rafael Mozo ha convocado hoy Pleno extraordinario para el próximo miércoles día 24, a las 10:00 horas, de conformidad con los artículos 600 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 35 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces y en consideración a lo solicitado por los vocales Enrique Lucas Murillo de la Cueva, José María Macías Castaño, Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Fernández y Francisco Gerardo Martínez Tristán.

Estos cinco vocales registraron el pasado viernes día 19 un escrito solicitando la celebración este lunes de un Pleno extraordinario para valorar la propuesta sobre adecuación de retribuciones a los/las jueces/zas y magistrados/as negociada por el Ministerio de Justicia y las asociaciones de jueces y fiscales.

El Pleno ordinario previsto para el jueves día 25 queda sin efecto y desconvocado y su orden del día se incorpora al extraordinario que tendrá lugar el día anterior, “con la consiguiente minoración del gasto que de ello se deriva”.

«Tenemos un sistema judicial garantista y de alta calidad, pero poco ágil, mal gestionado, anticuado y escasamente dotado. Y la agilidad tiene un presupuesto ineludible: una adecuada carga de trabajo en cada juzgado. Hoy, es indiferente que un órgano judicial duplique, triplique o cuadruplique la carga de entrada de asuntos recomendable, y que ello retrase la respuesta judicial.

En este contexto, con miles de causas complejas (la mayor parte de ellas
relacionadas con la corrupción) y avalanchas de demandas (productos
financieros, cláusulas abusivas, ejecuciones hipotecarias, despidos, concursos,
etc…), es sorprendente que en España la Justicia esté funcionando
razonablemente bien pese al olvido institucional, cumpliendo su obligación
como garante de los derechos de los ciudadanos.

En todo Estado de Derecho que se precie, la Justicia debe ser una
prioridad, como lo es, por ejemplo, la Sanidad o la Educación. Sobre todo,
porque no hay gasto más social que invertir en Justicia, nada menos que en
los derechos y libertades de los ciudadanos».

La creación de nuevas plazas hasta la implantación de los tribunales
de instancia. A la vista del módulo aprobado para los distintos órganos
judiciales, se llega a la conclusión de que Ministerio y Consejo renuncian a que
la planta judicial española alcance la ratio juez/población vigente en Europa. En España hay 11’24 jueces por cada 100.000 habitantes, y en Europa, 17’60.

El incremento de las plazas en las oposiciones de acceso a la carrera
judicial hasta alcanzar la ratio media de la Unión Europea de jueces/zas por
habitante, llamando la atención de que no se tiene en cuenta el número de
jubilaciones que se van a producir en los próximos años y que afectara a gran
parte de la carrera judicial. La actual política de convocatoria de oposiciones no
garantiza ni tan siquiera la tasa de reposición. Consideramos que el sistema
más adecuado de acceso es el de oposición libre que garantiza la igualdad,
merito y capacidad tal como exige la Constitución.

Promover las reformas normativas necesarias para la adopción de
medidas de carácter objetivo de adaptación del puesto de las personas que se
acerquen a la edad de jubilación. En concreto, regular la posibilidad de acceso a la jubilación parcial.

Teniendo en cuenta que la litigación en masa que se produce en determinadas materias está saturando órganos ya colapsados, es imprescindible impulsar mecanismos dirigidos a reducir la misma en este tipo de procedimientos.

• Algunas conclusiones de los jueces/as decanos/as, reunidos en las XXXI Jornadas Nacionales que se celebraron el 10 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria.