Panorama

Cuatro años con un sueldo bárbaro en un ambiente nada estresante, en tiempos de crisis. Los teléfonos arden…El Pleno de la Diputación de Cádiz lo confirma: ha validado el alcance del personal eventual que se podrá contratar para funciones de asesoramiento. Un formidable recurso con fondos públicos para premiar adhesiones y asegurar el futuro de un selecto grupo de asesores. Sus nombramientos no dejarán lugar a dudas.

La Corporación Provincial ha aprobado un límite de 20 asesores –manteniendo el tope que estuvo en vigor en el anterior mandato- conforme al desempeño y las retribuciones anuales que se indican:

– Director de gabinete de Presidencia: 66.564euros.

– Director de coordinación de la Presidencia: 66.564.

– Director del gabinete de Comunicación: 66.564.

– Director del Gabinete de la Vicepresidencia 2ª: 66.564.

– Director del Gabinete de la Vicepresidencia 5ª: 66.564.

– 15 asesores técnicos: 43.266,6.

La Diputación de Cádiz, bajo la presidencia de Almudena Martínez, ya ha establecido sus reglas organizativas y salariales para el periodo 2023-2027 tras la celebración del Pleno de organización. La retribución anual de la estructura política en este nuevo mandato corporativo se cifra en 1.228.636,60 euros. Esta cuantía se alcanza al agrupar las nóminas de la Presidencia, las Vicepresidencias, Delegaciones genéricas y especiales así como las portavocías de los grupos políticos.

Asesores VIP 

El secretario general del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha justificado el voto contrario que han emitido los diputados provinciales del PSOE esta tarde en el pleno de organización de la Diputación por la aplicación de la ley del embudo que ha protagonizado el PP en connivencia con sus socios 100X100 y su intención de asifixiar la labor de la oposición.

Ruiz Boix ha denunciado que el volumen del coste de la Corporación provincial se desequilibra al dedicarse hasta un 90 por ciento al Gobierno en detrimento del 10 por ciento que irá destinado a las labores de oposición. El líder socialista ha aclarado que en el mandato anterior los gastos entre las dos funciones democráticas de la Diputación, el Gobierno y la oposición, se mantenían en una proporción del 65 al 35 por ciento, respectivamente.

Así ha acusado a ambas formaciones de “repartirse la tarta”, obviando a los 14 diputados siendo estos el mismo número que tiene el Grupo Popular. El ahorro que se produce en la Diputación fruto de la desaparición de grupos políticos y que cifran en 600.000 euros se va a derivar en realidad al coste de “los eventuales VIP” que el PP va a contratar para montar una administración paralela, denostando así a los funcionarios de la casa que pueden ejercer de directores de área, ha venido a explicar el portavoz del PSOE. 

Con la distribución realizada por el Gobierno del PP y 100X100, la realidad según Ruiz Boix es que hay menos personal técnico en el Grupo Socialista y habrá menos liberados en la oposición, todo lo contrario a lo que sucedió en el mandato anterior, a pesar de que entonces el PP solo tenía 8 diputados provinciales frente a los 14 que tiene el PSOE en la actualidad. 

Entiende que hay en ese reparto sesgado con el que se ha estrenado Almudena Martínez una clara intención de beneficiar al Gobierno al tiempo que intentan limitar y controlar la labor de fiscalización de la oposición en la institución provincial que desarollan dos grupos politicos, PSOE e IU.  

Son en realidad los costes políticos de un pacto de intereses sobre el que el dirigente socialista ha hecho una advertencia, “la presidenta ha incumplido la palabra dada el lunes al portavoz del PSOE en cuanto a los recursos para los grupos”, lo que el portavoz del PSOE considera un aviso a 100×100 para que “se preocupe si es ese es el nivel de cumplimiento de la palabra de la presidenta”. 

Ruiz Boix ha afeado al PP esa obsesión por crear una administración paralela al margen de los funcionarios de la casa, una situación que ya se produjo en el pasado en el Gobierno del PP “y no sirvió para nada porque no fueron capaces de ejecutar el 60 por ciento de los previsto”.

Sin embargo la Diputación asegura en un comunicado que en el anterior mandato esta misma distribución comportaba un gasto anual de 1.246.380,10 euros. Una vez comparados los dos datos se obtiene una reducción de 17.743,5 euros “por lo que se cumple el objetivo de no incrementar el gasto por parte de los cargos electos” ha manifestado el vicepresidente primero de Diputación y portavoz del equipo de Gobierno, Juancho Ortiz.

Varias razones motivan esta contención del gasto: la reducción de grupos políticos con representación en la Diputación y la consiguiente merma de portavoces; el número de diputados y diputadas con retribución fija –que pasan de 21 de la anterior Corporación a los 19 actuales-; así como el propio diseño del organigrama, ya que las responsabilidades de mayor retribución –es decir Presidencia, Vicepresidencias y Delegaciones genéricas- se reducen de 9 a 8.

​Las retribuciones de la Corporación siempre se acuerdan al inicio del mandato corporativo, por lo que la revisión salarial se lleva a cabo con respecto a las cifras de hace cuatro años.

El actual Ejecutivo provincial, según ha explicado Juancho Ortiz, ha actualizado estas asignaciones aplicando un incremento del 10,94% en consonancia con la subida experimentada por los empleados públicos en el periodo 2019-2023, “en lugar de revisarlas conforme al IPC”. 

Una actualización en base al IPC hubiera comportado un incremento del 15%, “incompatible con la contención que quiere cumplir el Gobierno Provincial”, según ha manifestado Ortiz. Las percepciones de los cargos políticos se desglosa en los siguientes detalles:

– Presidencia: 81.149,50 euros.

– Vicepresidencia primera, en régimen de dedicación parcial: 60.862,12.

– Vicepresidencias 2ª a 5ª: 76.401,49.

– Delegación genérica de área (con dos responsables): 71.653,17.

– Delegación especial (con 8 diputados y diputadas): 57.322,47.

– Portavocía de grupo político (dos, correspondientes a los grupos socialista y de IU-A): 71.653,17.

– Portavocía adjunta con dedicación parcial (correspondiente al grupo socialista): 35.826,58.

Los diputados y diputadas sin asignación exclusiva o parcial percibirán 343,9 euros por asistencia a Pleno y 170,8 euros por su comparecencia en las comisiones informativas.

La propuesta sobre el sistema retributivo de la Corporación obtuvo los votos favorables de los Grupos Popular, La Línea 100 x 100 e Izquierda Unida Andalucía; el Grupo Socialista votó en contra.

Juancho Ortiz será el portavoz del Grupo Popular; Sebastián Hidalgo asume la portavocía del Grupo La Línea 100 x 100; Juan Carlos Ruiz Boix será el portavoz Socialista y Ramón Galánel del Grupo Izquierda Unida Andalucía.

Asignaciones a los grupos políticos

En la sesión plenaria también se han aprobado las asignaciones que se destinarán a los grupos políticos de la Corporación Provincial. Mensualmente se transferirá a cada grupo (PP, La Línea 100 x 100, PSOE e IU) un componente fijo de 3.850 euros, más un variable de 2.640 euros por cada diputado o diputada electos.

Previa solicitud a Presidencia, los grupos podrán contratar a personal para la administración de sus asuntos políticos: así, el grupo mayoritario con funciones ejecutivas (en este caso el Grupo Popular) podrá incorporar a un técnico de grado medio, dos administrativos y dos auxiliares administrativos; el grupo con función ejecutiva no mayoritario (el Grupo de La Línea 100 x 100) podrá contratar un técnico de grado medio y dos auxiliares; los grupos que superen el tercio del número de miembros de la Corporación (en este caso el Grupo Socialista) podrá asumir dos administrativos y dos auxiliares administrativos; y el Grupo de Izquierda Unida podrá contratar un administrativo y dos auxiliares.

En el debate de los medios asignados a los grupos políticos, Juancho Ortiz destacó que la reducción de formaciones representadas en Diputación supondrá un ahorro de 600.000 euros al año para la Corporación. La propuesta prosperó con los votos favorables de los Grupos Popular, La Línea 100 x 100 e Izquierda Unida, y el rechazo del Grupo Socialista.

Gobierno y reglas de funcionamiento

​Almudena Martínez preside una Junta de Gobierno a la que acceden los vicepresidentes Juancho Ortiz, Javier Vidal, Jacinto Muñoz, Germán Beardo y Sebastián Hidalgo, más la diputada Paula Conesa y el diputado Javier Bello. El ejecutivo ejercerá su labor a través de las siguientes áreas: Presidencia; Servicios Generales de la Presidencia; Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía; Gestión Económica y Administrativa; Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico; Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Servicios de Recaudación y Gestión Tributaria; Cooperación; Servicios Sociales, Familia e Igualdad.

Se mantiene el tercer miércoles de cada mes como fecha para celebrar las sesiones de Pleno –preferentemente a las 10:00 horas-, mientras que la Junta de Gobierno se reunirá los miércoles restantes a las 11:00.

Las Comisiones Informativas Permanentes, donde se dirimen los asuntos que se plantearán posteriormente al Pleno, estarán conformadas por seis diputados del Grupo Popular (incluida la Presidencia), seis del Grupo Socialista, un diputado de La Línea 100 x 100 y uno de Izquierda UnidaAndalucía. A la hora de estimar los votos se aplicauna ponderación, que es proporcional a la presencia de cada Grupo en la Corporación; conforme a esta regla a los Grupos Popular y Socialista les corresponden –a cada uno- 14 votos, a La Línea 100 x 100 se le asignan 2 mientras queIzquierda Unida Andalucía emite un voto.