Panorama

La Guardia Civil, junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz ha llevado a cabo en una explotación agrícola de la localidad de Villamartín, una operación contra el empleo irregular , ocupación de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y el fraude a la Seguridad Social, procediendo a la identificación de 34 trabajadores detectando más de una treintena de infracciones administrativas en materia de seguridad social, y de trabajadores extranjeros empleados sin contrato  de trabajo.

La actuación se ha desarrollado de forma   con la Guardia civil de Cádiz fruto del Convenio suscrito entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Organismo Estatal ITSS para la Coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las FFCCSS del Estado, en el marco del “Plan de Actuación de la Guardia Civil ante la Trata de Seres Humanos”

Las actuaciones realizadas han tenido lugar como respuesta a la proliferación de empresarios que tendrían a su cargo a trabajadores bien sin dar de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social-y que quedarían en situación de desamparo ante cualquier problema sanitario o accidente laboral-bien percibiendo prestaciones incompatibles con el trabajo por cuenta propia o ajena, o bien ocupando a trabajadores extranjeros sin el correspondiente permiso de trabajo o autorización administrativa para trabajar.

De los 34 trabajadores identificados, 33 se encontraban trabajando en la explotación agrícola de manera irregular por lo que-pendiente de ultimar la investigación-se formularán más de una treintena de denuncias por la comisión de infracciones muy graves en materia de trabajo de extranjeros o percibo de prestaciones incompatibles, o graves en   de faltas de alta en seguridad social.

Para ello, por los servicios de la ITSS de Cádiz se continúa con la investigación que dará lugar en su caso, a incoar los correspondientes expedientes sancionadores, que podrían llevar aparejados, además de elevadas sanciones pecuniarias para empresarios y trabajadores, la extinción de las prestaciones ilegalmente percibidas y devolución de las cantidades afectadas.

Hay que recordar que la economía irregular conlleva un grave riesgo no sólo para los consumidores, sino también un daño para la propia pervivencia de muchas empresas que respetan la legalidad, y cumplen sus obligaciones y de las que dependen un número considerable de trabajadores y puestos de trabajo.

La operación ha sido desarrollada por distintas especialidades de la Guardia Civil de Cádiz como las Unidades de Seguridad Ciudadana, Equipo Pegaso, Equipo Roca y Policía Judicial, además de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz.