Por Pepe Contreras / Grok

Sevilla, 07 de noviembre de 2024 – La región de Andalucía, conocida por su extensa tradición agrícola y su sol de justicia, se encuentra en el epicentro de una controversia que une dos vertientes aparentemente opuestas: la transición hacia energías renovables y el respeto por la propiedad privada.

INMA NIETO https://twitter.com/inmanietoc/status/1854614197037900256?s=46

Las empresas multinacionales, en su búsqueda por capitalizar el potencial fotovoltaico de la región, han iniciado un proceso de adquisición y, en algunos casos, expropiación de terrenos, que ha levantado ampollas entre los propietarios locales.

Fotovoltaica en Andalucía

Andalucía es una de las regiones de Europa con mayor irradiación solar, convirtiéndose en un objetivo primordial para empresas que desean invertir en energía solar.

Esta situación ha llevado a que multinacionales de distintas partes del mundo estén interesadas en instalar grandes parques fotovoltaicos.

Las zonas más afectadas por estas iniciativas incluyen:

• Campiña Norte de Jaén y Córdoba: Aquí se ha documentado la expropiación de terrenos a más de cien agricultores, con la tala de aproximadamente 100.000 olivos para dar paso a macroplantas solares. Proyectos como Zumajo I y II, promovidos por Greenalia, han recibido una declaración de utilidad pública, permitiendo la expropiación de tierras.
  La compañía Greenalia avanza en el desarrollo de sus proyectos en España en las diferentes tecnologías. Así cuenta con un total de 410 MW fotovoltaicos previstos en la provincia de Jaén (Andalucía), que inician la fase de información pública. Los 410 MW se distribuyen en un total de 9 plantas fotovoltaicos (Guadame I-V, Zumajo I-II y Marmolejo Solar I-II) en el municipio de Marmolejo.
• Provincia de León: Aunque no es Andalucía, el caso de Pajares de los Oteros es ilustrativo. La empresa sevillana Caelum Renovables, S.L. promueve una planta fotovoltaica de 119 MWp, lo que sugiere que el fenómeno no se limita a una sola región.

La expropiación

El proceso de expropiación se basa en la declaración de «utilidad pública» de los proyectos fotovoltaicos.

Esta declaración, según la Ley española, permite a las empresas solicitar la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para sus proyectos.

Esta figura legal ha sido cuestionada por su naturaleza preconstitucional y por favorecer a entidades privadas en detrimento de los intereses de los pequeños propietarios.

Reacciones

La reacción de la comunidad local ha sido de indignación y resistencia. Plataformas como «STOP megaplantas solares» en la Campiña Norte se han formado para luchar contra lo que perciben como un atropello a sus derechos y una amenaza a su modo de vida tradicional.

Políticos locales y nacionales han expresado preocupación, con figuras como Inma Nieto, criticando al Gobierno de Andalucía por ser «fuerte con los débiles y débil con los fuertes», aludiendo a casos donde grandes terratenientes parecen ser tratados con deferencia.

Impacto socioeconómico

• Agricultura y Patrimonio Cultural: La sustitución de cultivos tradicionales como el olivo por paneles solares no solo afecta la economía local basada en la agricultura, sino que también pone en riesgo el reconocimiento del «Paisaje del Olivar Andaluz» como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
• Empleo y Desarrollo Local: Mientras que los defensores de estos proyectos señalan la generación de empleo temporal durante la construcción, los detractores argumentan que la promesa de empleo permanente es escasa, y que los beneficios económicos suelen marcharse fuera de la región o incluso del país.

Conclusiones y Futuro

La expansión de la energía solar en Andalucía representa una paradoja: un avance hacia la sostenibilidad energética a costa de la destrucción de un tejido social y económico que ha perdurado por siglos. La comunidad pide:

• Revisión de la Ley de Expropiación: Para equilibrar la necesidad de energías renovables con la protección de la propiedad privada y los intereses de las comunidades locales.
• Participación Comunitaria: Que los proyectos incluyan a los habitantes locales no solo como vendedores de tierra, sino como socios o beneficiarios directos de la energía generada.
• Transparencia y Equidad: En las decisiones sobre dónde y cómo se instalan estos proyectos, asegurando que no solo las grandes corporaciones, sino también pequeños propietarios y el medio ambiente, salgan beneficiados.

El debate sobre cómo Andalucía puede avanzar hacia un futuro energético limpio sin sacrificar su identidad y sus recursos naturales sigue vigente, con cada nuevo proyecto fotovoltaico añadiendo capítulos a esta compleja narrativa.