Panorama / Pepe Contreras

La sombra de un monumental escándalo se cierne sobre el Ayuntamiento de Jerez, que preside la alcaldesa y diputada María José García Pelayo, que además ostenta la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias. Desde este lunes 18 el Juzgado de Instrucción número 5 de Jerez de la Frontera ha comenzado a citar a los protagonistas de un posible escándalo -falsedad documental- que podría obligar al equipo de Pelayo a anular el concurso para la provisión de 362 plazas de ayuda a domicilio. 

Este lunes 18 de noviembre han sido citados los miembros del comité de empresa y en calidad de perjudicado el ex gerente de la entidad pública municipal COMUJESA (Corporación Municipal de Jerez S.A.) que el 7 de Julio de 2022 aprobó la creación de 350 plazas de Auxiliar del Servicio de Asistencia a Domicilio (SAD), que gestiona dicha empresa pública, a través del correspondiente proceso de selección, cuyas bases fueron publicadas en noviembre de 2022.En realidad 362 al añadirse la tasa de reposición.

Y ahí reside el origen del asunto, ya que en esas bases se establece como requisito de los aspirantes para ser admitidos al proceso de selección el siguiente: “Estar en posesión de titulación oficial y certificado habilitante de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, Auxiliar de Enfermería, Certificado profesionalidad equivalente o certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Igualmente en dichas bases se resalta la “no necesariedad de compulsa de los documentos”.

El arrepentido

Durante el desarrollo del proceso selectivo y concretamente el 26 de octubre de 2023, el comité del SAD envía un correo electrónico a Comujesa en el que se pone de manifiesto “la posible falsificación de la titulación necesaria y requerida para aspirar a la adjudicación de las plazas ofertadas”.

El comité comunica que les ha información sobre titulación falsificada por trabajadores/as. El trabajador F.J. C.G. se pone en contacto con un miembro del Comité y, al parecer, le informa que hay varios trabajadores/as que han falsificado titulación y el nombre que facilita es el de N. L. S., aunque hace hincapié que son más personas y que son los cursos de Carpe Diem los que se han falsificado y que tiene datos de la copistería donde se están falsificando, lo que ponemos en su conocimiento para que actúe, ya que tanto el trabajador F.J.C.G. como N.LS. cogen plaza fija. El comité pide se investiguen estos hechos y se tomen medidas.

Los consejeros socialistas José Antonio Díaz y María del Carmen Collado Jiménez, advirtieron de manera reiterada en los sucesivos consejos de administración de COMUJESA de la posible falsedad documental de títulos académicos en la oferta de empleo público de 350 auxiliares de ayuda a domicilio. En ese sentido, solicitaron la apertura de un expediente informático para investigar los hechos, o en su caso, derivarlo a la fiscalía para determinar si hubiera acto delictivo durante este proceso selectivo.

En la legislación española, la figura del «arrepentido» no existe de manera generalizada como en otros países, como Argentina con su «Ley del Arrepentido». Sin embargo, hay mecanismos específicos de colaboración con la justicia que pueden asemejarse a esta figura en contextos particulares. Uno de ellos es la delación premiada.

Aunque no se utiliza el término «arrepentido» en el sentido estricto, en España se ha introducido la «delación premiada» en la legislación penal, especialmente en relación con delitos como el terrorismo y el crimen organizado.

También existe el marco legal para la protección de testigos que cooperan con la justicia, lo cual en ciertos casos puede incluir a individuos que deciden colaborar después de haber cometido delitos. A pesar de esto, la legislación española no tiene una figura del arrepentido de manera general, formal y sistemática como en otros países. Las disposiciones existentes son más específicas y aplicables a contextos particulares de delitos organizados o terrorismo.

La discusión sobre la implementación de una figura más similar a la del «arrepentido» es objeto de debate, considerando tanto los beneficios potenciales para la lucha contra el crimen organizado como las preocupaciones sobre la coacción o la justicia. En resumen, mientras España no tiene una «Ley del Arrepentido» per se, hay elementos y mecanismos legales que permiten formas de colaboración con la justicia que podrían ser considerados análogos en ciertos contextos delictivos específicos.

La reacción municipal

Recibida la anterior comunicación se decide por Comujesa tratar las mismas como unas simples manifestaciones de un trabajador, sin que se realizase ningún tipo de gestión, investigación, apertura de expediente o actuación encaminada de alguna manera a comprobar la realidad de lo manifestado y su alcance.

El pasado 14 de septiembre, la alcaldesa, María José García-Pelayo, dió la bienvenida al equipo de 362 auxiliares que se incorporan al Servicio de Ayuda a Domicilio (350 más la tasa de reposición), que ese día firmaron sus contratos, para asumir sus obligaciones laborales.  

“La regidora felicitó al comité de empresa agradeciéndole su colaboración durante un proceso que se ha alargado en el tiempo en aras de la transparencia, pero que una vez cumplidas las obligaciones legales, ofrece estabilidad laboral y mejora el servicio a sus 3.215 usuarios y usuarias” señalaba la nota oficial.

Este acto de firma de contratos estuvo respaldado por los delegados Jaime Espinar, Susana Sánchez, Yessika Quintero y Nela García Jarillo; la gerente de Comujesa, Hayat Abdel-lah Ahmed, y la presidenta del comité de empresa, Fabiola Fina Sánchez.

García Pelayo dijo que “el Gobierno de Jerez sigue trabajando para incorporar más profesionales al servicio, con la intención de seguir mejorándolo y adaptándolo a las necesidades de la población jerezana, y fomentando la creación de empleo de calidad en el ámbito de las políticas sociales”. 

El convenio, con una vigencia de cuatro años, cuenta con mejoras tanto económica como sociales para la plantilla, entre ellas, un complemento retributivo que supondrá una subida salarial progresiva, hasta los 206 euros mensuales por empleado para 2027; junto a licencias y mejoras demandadas por las trabajadoras.