Por Pepe Contreras

Esta mañana, con el fuego en la voz de Míriam Nogueras, el partido catalán ha clavado el cuchillo: enmiendas a la totalidad a las veinticinco leyes del Gobierno que ya duermen en el cajón del Congreso, listas para dictamen y aprobación.

Vivienda asequible, startups innovadoras, pensiones dignas, eficiencia energética para no helarnos en invierno… Todo congelado sin sus siete escaños clave. Y las que ni han visto la luz –presupuestos del 26, techo de gasto, cualquier borrador fresco– directamente al basurero, porque Nogueras lo ha dicho clarito: Ni una más, hasta que cumplan lo pactado.

Sánchez, con PSOE y Sumar en unos 160 asientos, necesita 176 para las orgánicas o los presupuestos. ¿De dónde rascar? ERC anda mosca por el procés, PNV no regala ni un euro, Bildu y BNG suman poquito y con condiciones. Abstenciones forzadas o pacto con la derecha –imposible, sería el fin–. Si no reconducen, legislatura muerta, elecciones anticipadas y un país en standby.

Pero el drama no para en Madrid: esto salpica directo a Cataluña, donde ocho millones y pico de habitantes –exacto, ocho millones ciento cincuenta y cuatro mil según el último avance del Idescat a julio de este año– ven cómo se les escapa el pan de cada día.

Imagina: la ley de vivienda afectaría a dos millones de hogares catalanes, ahogados en alquileres que han subido un 170% en la última década, dejando a familias enteras al borde del desahucio.

Pensiones y SMI tocarían a tres millones de trabajadores, sobre todo mujeres y chavales precarios, que esperan ese empujón salarial del 7-9% para no llegar justos a fin de mes. Eficiencia energética, con sus cuatro millones en pisos cutres y sin aislar, significa facturas de luz disparadas y un invierno de tiritones.

Y la de inmigración, clave para el millón largo de residentes extranjeros que impulsan la economía barcelonesa, se queda sin regularizaciones ni competencias delegadas –adiós, integración y curro estable. En total, al menos cinco millones de catalanes –más de la mitad de la población– se quedan colgados, sin avances en lo básico: techo, nómina, calefacción, futuro.

Impacto en sectores específicos: el golpe que duele de verdad.

En Cataluña, con sus siete millones y medio de almas –un millón más que hace una década, gracias a la inmigración–, esto no es solo política de salón: es un mazazo a la calle.

Vamos por partes, que los números clavan el drama. El sector de la vivienda , primero: la ley de acceso a la vivienda asequible se queda en el limbo, afectando a unos dos millones de hogares catalanes. Alquileres disparados un 170% en diez años, con Barcelona como epicentro del caos –jóvenes y familias de clase media apretando el bolsillo mientras las constructoras se frotan las manos.

Sin esta norma, adiós a incentivos para alquiler social o control de precios; miles de desahucios pendientes y un mercado que sigue salvaje. Luego, el laboral y el SMI : cambios en el salario mínimo interprofesional y el encarecimiento de despidos, que Junts tilda de castigo a la empresa.

Aquí, tres millones de asalariados catalanes en la diana –un 7-9% de ellos, sobre todo mujeres, jóvenes y precarios en hostelería o servicios, esperando esa subida que les dé oxígeno. Cataluña, motor industrial con un PIB per cápita por las nubes, ve frenado su tejido de pymes: sin permisos ampliados o altas progresivas, el paro juvenil (ya en 25%) se enquista, y el sector turístico –que mueve el 12% del empleo– sufre el tirón. No olvidemos las pensiones y la eficiencia energética : para un millón y medio de jubilados catalanes, las actualizaciones pendientes se evaporan, dejando pensiones estancadas frente a la inflación galopante.

Y en eficiencia, cuatro millones de catalanes en bloques de los 60-70 sin rehabilitar: facturas de luz y gas disparadas un 30% este invierno, con el sector de la construcción verde –que genera 200.000 puestos– paralizado. Startups e innovación?

Unos 10.000 emprendedores catalanes, en el hub de Barcelona, pierden el impulso fiscal para crecer; el ecosistema tech, que ya exporta 20.000 millones al año, se atasca sin agilidad regulatoria. Y la guinda, el sector migratorio : más de un millón de residentes extranjeros en Cataluña (un 14% de la población), sobre todo en Lleida y Girona, sin la delegación de competencias que prometía regularizaciones y atención integral.

Sin Junts, Sánchez mendiga abstenciones de ERC (seis asientos, pero cabreados por el rodillo catalán), PNV (cinco, que no sueltan prenda sin migajas vascas), EH Bildu (seis, ideológicamente cercanos pero con su propia agenda) y algún guiño de BNG o Compromís. ¿Pactos imposibles? ¿Elecciones en enero? El reloj corre, y mientras, la agenda social patina.

Familias enteras en el limbo, con impacto en sanidad y educación –escuelas colapsadas y hospitales sin recursos extras. En total, cinco millones de catalanes tocados directo: desde el obrero en la fábrica hasta la abuela con su paga mínima. Junts, que se dice guardián de Cataluña, empuja a Sánchez al borde… pero ¿a qué precio para su propia gente? Nogueras habla de traición, pero en la calle, el silencio de estas leyes pesa como plomo. ¿Se reconducirá antes de Navidad, o esto acaba en urnas? La pelota, en el tejado de Moncloa.