La Moncloa, Madrid

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado la aprobación del real decreto que pone en marcha la regularización extraordinaria para migrantes que ya residen en España, a su juicio, «uno de los grandes hitos de la legislatura».

Saiz ha remarcado que los destinatarios «son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles y que, a partir de hoy, podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones».

La portavoz del Ejecutivo ha recordado que desde el año 1986 se han realizado 6 procedimientos de regularización, «de gobiernos de todo signo político», que han beneficiado a casi 1,3 millones de personas. «La evidencia demuestra que en procesos similares anteriores se han logrado beneficios en empleo, en responsabilidad fiscal, en convivencia y en sostenibilidad social», ha sostenido.

También ha aportado Saiz otros datos que avalan la pertinencia del proceso de regularización. Por ejemplo, ha explicado que la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, en un informe elaborado por economistas y demógrafos, ha asegurado que, si en España se redujera la migración en un 30% para el año 2075, el PIB se reduciría en un 22%, se perderían 15 millones de habitantes, se cerrarían escuelas y habría más listas de espera en la sanidad.

«Les doy un dato, el 43% del empleo creado en España desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros. Su aportación nos permite crecer económicamente, generar empleo y riqueza y mantener nuestro sistema de bienestar; una contribución que no se limita al ámbito económico, también supone el rejuvenecimiento de la población de nuestro país en un momento en el que lo necesitamos más que nunca», ha insistido la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Una iniciativa con «legitimidad social, política y económica»

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo

Elma Saiz ha destacado que el proceso de regularización cuenta con una «triple legitimidad». En el plano social, ha recordado que la iniciativa legislativa popular que lo impulsó fue respaldada por más de 700.000 firmas, 900 asociaciones y la Iglesia Católica. En el ámbito político, la propuesta obtuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios en el Congreso, salvo uno. Por último, en el plano económico, ha recibido el aval tanto de la patronal como de los sindicatos.

«Permítanme que subraye el apoyo de sectores económicos concretos como la agricultura, la construcción o el transporte, que llevan meses, si no años, remando a favor de esta medida histórica», ha remarcado la portavoz de Gobierno.

Elma Saiz también ha explicado que el real decreto ha recibido el aval de «importantes organismos», como el Consejo Económico y Social, que en su informe sobre la realidad migratoria en España ha subrayado que la regularidad administrativa es un elemento clave para lograr una integración plena y efectiva de las personas migrantes.

Asimismo, la norma ha obtenido el dictamen preceptivo del Consejo de Estado, especialmente en lo relativo a la idoneidad de tramitar el procedimiento por la vía reglamentaria, «tal y como siempre hemos defendido». Además, ha señalado que este órgano ha valorado positivamente los objetivos generales de la regularización, entre ellos la integración social, la seguridad jurídica y la reducción de la irregularidad administrativa.

Esta regularización extraordinaria es el primer hito del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, con el que España refuerza su modelo de política migratoria basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social.

Un «plan operativo» a partir del 16 de abril

La portavoz de Gobierno ha advertido que la norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 15 de abril y entrará en vigor al día siguiente, 16 de abril, fecha desde la cual se podrán presentar las solicitudes, con el plazo abierto hasta el 30 de junio. Ha detallado que, para acceder al proceso, será necesario acreditar la presencia en España antes del 1 de enero de 2026, haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público. «Todos los documentos justificativos deberán en cualquier caso ser nominativos y especificar una fecha para resultar válidos», ha insistido Saiz.

Quienes cumplan estos requisitos podrán obtener una autorización de residencia y trabajo, así como acceso a la Seguridad Social y a la tarjeta sanitaria del territorio en el que residan, con una vigencia inicial de un año. «Transcurrido ese plazo, las personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería», ha indicado.

Para realizar su solicitud de regularización, los ciudadanos podrán acudir a las oficinas de Extranjería habilitadas, a las oficinas de la Seguridad Social o de la Tesorería de la Seguridad Social, al menos una cada provincia, y a las oficinas de Correos de capitales de provincia y localidades mayores de 50.000 habitantes.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo

Asimismo, ha señalado Saiz que las solicitudes podrán presentarse tanto por vía telemática, disponible las 24 horas del día a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como de forma presencial, en este caso con cita previa. La atención en oficinas comenzará el 20 de abril. Saiz ha subrayado que la vía telemática será la más ágil y permitirá realizar el trámite directamente o a través de representantes y entidades colaboradoras.

Ha destacado que el Gobierno ha diseñado un amplio dispositivo para garantizar el buen desarrollo del proceso, con cerca de 450 oficinas habilitadas en todo el territorio y el refuerzo de más de 550 profesionales. Según ha indicado, la gestión se centralizará a través de la plataforma Mercurio, con el objetivo de asegurar una tramitación ágil y ordenada, sin que se resienta la atención habitual de los servicios públicos.