Agosto de 2026: Es la fecha límite marcada por Bruselas. Si para ese día España no ha ejecutado los proyectos del Mecanismo de Recuperación, los miles de millones pendientes se perderán definitivamente. Este «reloj de arena» financiero pone en jaque la supervivencia de nuestros montes, ya que la incapacidad administrativa para movilizar estos fondos está dejando a los servicios de prevención y extinción sin los recursos técnicos y humanos que tanto necesitan.
1. El «agujero negro» de los fondos Next Generation
España es, tras Italia, el segundo mayor beneficiario de estos fondos con una asignación total de 163.800 millones de euros. Sin embargo, la realidad de su ejecución es alarmante:
- Fondos inmovilizados: A finales de 2024, España seguía siendo el país europeo con más dinero sin utilizar, con más de 163.000 millones de euros pendientes de ejecución y planificación.
- Baja tasa de absorción: Según expertos, solo se ha logrado movilizar el 19,6% del total disponible. En términos de pagos efectivos (dinero real que llega a la economía), en 2024 solo se desembolsó el 22,1% de lo presupuestado para el Plan de Recuperación.
- A la cola de Europa: Eurostat sitúa a España en el puesto 21 de 27 en ejecución efectiva de estos fondos.
2. La desinversión forestal: España vs. sus vecinos
A pesar del elevado riesgo de incendios, la asignación específica para este sector en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) es llamativamente inferior a la de otros países mediterráneos:
- Menos recursos que Portugal y Grecia: España destinó 221 millones de euros para medidas relacionadas con incendios forestales, mientras que Portugal asignó 615 millones y Grecia 837 millones. Esto supone que nuestro país ha presupuestado unos 500 millones de euros menos que sus vecinos con riesgos climáticos similares.
- Gasto real ínfimo: De los 71 millones previstos inicialmente por la UE para gestión forestal, el Gobierno central solo había invertido 2,7 millones a mediados de 2025.
3. El colapso administrativo: Por qué el dinero no llega al monte
El problema no es solo cuánto dinero hay, sino la «tubería administrativa» obstruida que impide que los fondos se traduzcan en cuadrillas y cortafuegos:
- Bloqueos burocráticos: Asociaciones como EXTREFOR denuncian que las autorizaciones para actuar en el monte pueden tardar entre 8 y 10 meses, provocando que se pierda la ventana de inversión antes de la época de peligro.
- Falta de capacidad técnica: Muchas entidades locales, especialmente las pequeñas, carecen de personal técnico para redactar proyectos complejos que cumplan con las estrictas normativas europeas.
- Gasto corriente vs. Transformación: Casi el 25% de los fondos ejecutados se ha destinado a gasto corriente (como personal temporal) en lugar de inversiones estructurales que dejen activos duraderos para proteger el territorio.
4. 17 realidades: Competencias transferidas y desigualdad
Al estar las competencias de gestión forestal y protección civil transferidas a las Comunidades Autónomas (CC.AA.), la protección del patrimonio natural depende de la agilidad de cada administración regional:
- Las CC.AA. pagan el 84%: Mientras que el Estado solo aporta el 16% de la inversión en prevención y extinción, las autonomías soportan el peso principal del gasto.
- Desigualdades extremas: El esfuerzo inversor es dispar; regiones urbanas como Madrid pueden gastar hasta 50 veces más por hectárea en extinción que zonas rurales con inmensas masas forestales como Castilla y León o Extremadura.
- Riesgo de devolución en las regiones: En Extremadura, por ejemplo, asociaciones empresariales advierten que existe un riesgo real de no ejecutar los 80 millones de euros disponibles para inversiones forestales, lo que obligaría a devolverlos íntegramente a Bruselas.
En definitiva, si no se produce un cambio drástico en la agilidad de las licitaciones y en la priorización política de la prevención antes de septiembre de 2026, España habrá desperdiciado la mayor oportunidad económica de su historia reciente para evitar que sus bosques sigan siendo pasto de las llamas.
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