PANORAMA AI con el apoyo de Claude
Un desertor de los servicios secretos marroquíes, identificado en las investigaciones como «Safir», ha hecho lo que ningún informe oficial se atrevió a hacer: confirmar, desde dentro, lo que España llevaba años sospechando y negando a la vez.
Según reveló The Guardian y recogieron medios españoles a mediados de julio de 2026, la Dirección General de Vigilancia del Territorio marroquí (DGST) utiliza el software espía Pegasus, de la israelí NSO Group, desde al menos 2017, para infiltrarse en los teléfonos de ministros españoles, mandos de la Policía Nacional, periodistas, defensores de derechos humanos y también políticos franceses.
Pegasus, una vez dentro de un dispositivo, permite leer correos y mensajes, acceder a fotografías y activar el micrófono y la cámara sin que el usuario lo sepa: convierte cualquier móvil en un micrófono ambiental permanente.
No es una historia nueva del todo. Es, más bien, la pieza que faltaba de un rompecabezas que empezó a armarse en 2021 con el CatalanGate y que, cinco años después, revela algo mucho más incómodo que el espionaje en sí: que España lo supo, lo negoció en secreto y, a cambio, cambió su política exterior sobre el Sáhara Occidental.
El barrido: 768 intentos sobre 250 números españoles
Los documentos filtrados y analizados por el consorcio periodístico —que incluye a Forbidden Stories y cuenta con el respaldo de Amnistía Internacional— sitúan la fase más intensa del espionaje marroquí entre mayo de 2018 y junio de 2019: 768 intentos de infección sobre 250 números de teléfono españoles, con un pico de actividad el 16 de marzo de 2019, cuando se registraron 106 intentos en un solo día.
Entre los objetivos identificados figuran el coronel Alberto Aguilera, entonces jefe de Información de la Guardia Civil en Cataluña; diplomáticos argelinos destinados en Madrid; el periodista Ignacio Cembrero, especializado durante décadas en información sobre Marruecos; activistas del Rif opositores al régimen de Mohamed VI; miembros del Frente Polisario; y varios cooperantes vinculados al Sáhara Occidental.
La lista incluye también, según los documentos, a la madre de uno de los supervivientes de la célula yihadista de Ripoll —el único punto de contacto del espionaje con el terrorismo que aparece en toda la investigación—, lo que sugiere que la justificación antiterrorista fue, como mínimo, secundaria frente al objetivo político.
España no fue un caso aislado. La misma DGST intentó comprometer más de 12.000 dispositivos en más de veinte países entre 2017 y 2021, con objetivos que van desde periodistas y activistas hasta jefes de Estado extranjeros: el propio presidente francés, Emmanuel Macron, apareció entre los números marcados como de interés.
Ceuta, 2021: el móvil del presidente
El episodio que terminó de romper la discreción del asunto ya era conocido desde el llamado CatalanGate: en mayo de 2021, coincidiendo con la crisis diplomática abierta por la hospitalización en España del líder saharaui Brahim Ghali, los teléfonos del propio Pedro Sánchez y de varias ministras —incluida la entonces ministra de Defensa— fueron infectados con Pegasus. La confirmación oficial llegó meses después, en 2022, cuando el CNI reconoció que los dispositivos del presidente y de la ministra de Interior habían sido efectivamente comprometidos.
El origen de esos ataques concretos —a diferencia de los que sufrieron activistas y periodistas años antes— nunca se atribuyó públicamente ni a Marruecos ni a ningún otro Estado. Pero la confesión de «Safir» y los documentos del nuevo Pegasus Project sitúan de nuevo a la DGST en el centro de la operación, en el mismo periodo y con el mismo patrón de objetivos.
Marrakech y Málaga: las reuniones que nadie contó
Aquí es donde la historia deja de ser solo un caso de ciberespionaje y se convierte en un caso de geopolítica al desnudo. Según ha reconstruido The Objective, el Gobierno español y Marruecos —con Israel como intermediario, dado que NSO Group es una empresa israelí sujeta a la supervisión de su Ministerio de Defensa— mantuvieron negociaciones a tres bandas en enero de 2022, con al menos dos encuentros físicos: uno en Marrakech y otro en Málaga, protagonizados por emisarios designados directamente desde Moncloa.
De esas reuniones salió un acuerdo tácito: Marruecos se comprometía a no volver a usar Pegasus contra miembros del Gobierno español, y a no utilizar el material ya obtenido de los teléfonos de Sánchez y sus ministros en contra de los intereses españoles. A cambio, el reino recibía «otras prebendas», incluidas ayudas económicas, según las fuentes consultadas por ese medio.
Dos meses después, en marzo de 2022, España dio el giro de política exterior más significativo de la última década en el norte de África: abandonó su posición histórica de neutralidad sobre el Sáhara Occidental y respaldó ante Naciones Unidas el plan de autonomía marroquí para el territorio. El Gobierno siempre defendió esa decisión como un realineamiento estratégico.
Los documentos y testimonios que ahora emergen sugieren una lectura distinta: la de un acuerdo cerrado, al menos en parte, para enterrar un escándalo de espionaje contra el propio jefe del Ejecutivo.
«Ya le han sacado todo»: el precio que sigue pagándose
Cinco años después de aquel acuerdo, fuentes del CNI consultadas por The Objective a finales de julio de 2026 describen la relación actual entre Sánchez y Rabat con una franqueza poco habitual: consideran al presidente español «irrelevante» para los intereses marroquíes, en la medida en que Marruecos ya obtuvo lo que quería —el reconocimiento español de su soberanía sobre el Sáhara— y ya no necesita cuidar la relación.
Esa misma lectura, según las fuentes de inteligencia, explicaría episodios posteriores como la crisis migratoria en Ceuta, donde Marruecos relajó el control fronterizo y permitió una avalancha de más de 60.000 personas: no tanto una crisis humanitaria espontánea como un mensaje calculado —»aquí mando yo»— dirigido a Madrid, y que coincidió, no por casualidad, con una visita presidencial española a Argelia, el gran rival regional de Marruecos, apenas diez días antes.
El Gobierno español, mientras tanto, ha optado por el silencio: en mayo de 2026, ante preguntas directas sobre si había abordado con Marruecos el espionaje con Pegasus, el Ejecutivo eludió responder. No hay, hasta la fecha, una reacción oficial de Moncloa ni de NSO Group a las revelaciones de julio.
El otro espionaje: sin sensores cuánticos, sin inteligencia artificial
Hay una lección incómoda en este caso para cualquiera que siga de cerca la carrera tecnológica del espionaje del siglo XXI. Mientras la CIA experimenta con magnetometría cuántica capaz de detectar un latido cardíaco a distancia, y las agencias occidentales hablan de «equipos hombre-máquina» y modelos de lenguaje que redactan informes de inteligencia, el episodio más determinante para la política exterior española de la última década no necesitó nada de eso.
Necesitó un software comercial disponible para cualquier Estado con presupuesto suficiente, un puñado de reuniones discretas en hoteles de Marrakech y Málaga, y el silencio de dos gobiernos dispuestos a mirar hacia otro lado a cambio de lo que cada uno quería.
Ghost Murmur y Andesite son la promesa —o la amenaza— de lo que vendrá. Pegasus, en cambio, ya ha hecho su trabajo: cambió la posición de España sobre el Sáhara Occidental, y sigue, según todos los indicios, determinando lo que Rabat cree que puede permitirse con Madrid. El espionaje más eficaz, una vez más, no fue el más futurista. Fue el que nadie contó a tiempo.
Fuentes: reportaje del Pegasus Project (consorcio internacional con Forbidden Stories y Amnistía Internacional, julio de 2026) recogido por The Guardian, Moncloa.com y que.es; reconstrucción de las reuniones de Marrakech y Málaga y de la valoración del CNI publicadas por The Objective; datos sobre alcance e intentos de infección de ElNacional.cat. Esta crónica sintetiza y contrasta esas fuentes; no aporta reporteo propio adicional sobre los hechos narrados.
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