Un acto de justicia histórica que se convirtió en coladero
By Pepe Contreras
En junio de 2015, el Congreso aprobó la Ley 12/2015, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy y presentada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se presentaba como un acto de reparación histórica: devolver a los descendientes de los judíos expulsados en 1492 un vínculo que la historia les había arrebatado.
La ley permitía obtener la nacionalidad española sin residir en el país y sin renunciar a la nacionalidad de origen. Para ello, el solicitante debía acreditar dos requisitos: ser sefardí originario de España y mantener una especial vinculación con el país.
El origen se probaba mediante certificados de la Federación de Comunidades Judías de España, de comunidades judías locales o de autoridades rabínicas, además de otros indicios como el uso del ladino o la haketía, la ketubah o los apellidos.
La vinculación se demostraba superando dos exámenes del Instituto Cervantes: el DELE de español y la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales.
El trámite pasaba por un notario español, y levantaba un acta de notoriedad. Sobre el papel, un procedimiento riguroso. En la práctica, otra cosa.
El plazo de solicitud, de tres años ampliable a cuatro, atrajo a más de 153.000 personas. A mediados de 2026, el Ministerio de Justicia había concedido la pp a unos 73.000 sefardíes, con casi 8.000 expedientes aún pendientes. Los países de origen más frecuentes fueron México, Colombia y Venezuela.
El problema llegó cuando la Policía Nacional detectó, a finales de 2018, una organización criminal dedicada a vender solicitudes fraudulentas. Los gestores cobraban entre seis mil y ocho mil euros por expediente, presentaban certificados genealógicos falsos —algunos con nombres inventados, incluso de famosos como Shakira o J Balvin— y colaban solicitudes en blanco o con números de pasaporte inventados. En registros posteriores se intervinieron más de 1.200 certificados fraudulentos.
La conclusión es incómoda pero clara: la ley cumplió su propósito de justicia histórica, pero su diseño laxo y la falta de controles iniciales permitieron que el fraude prosperara durante años. Un acto de reparación que, en parte, acabó siendo un negocio.
Hasta 2020 apenas se habían denegado tres solicitudes. A partir de 2021, tras la alerta policial, el Ministerio endureció los criterios y las denegaciones se dispararon: más de 7.000 en total. Comunidades judías y abogados denunciaron un cambio de critica que, según ellos, cuestionaba la fe pública de notarios y la labor de instituciones legítimas. El gobierno respondió que el sistema había sido un coladero durante demasiado tiempo.
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