Primera entrega de una serie con motivo del 80 aniversario del veredicto de Núremberg (30 de septiembre–1 de octubre de 1946)

El 1 de octubre de 1946, mientras diez jerarcas nazis eran condenados a la horca en Núremberg, España ya llevaba meses convertida en refugio de otros cientos de hombres que nunca llegarían a sentarse en ningún banquillo. No es una sospecha ni una leyenda: existe un documento.

En 1945, el propio gobierno de Franco elaboró, a petición de los servicios secretos aliados, un informe con los nombres de los nazis presentes en territorio español. Ese informe, recuperado del Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores y publicado por primera vez en 1997, contenía 104 nombres: oficiales de las SS, espías, colaboradores y cargos del aparato nazi que España se negó sistemáticamente a extraditar.

Detrás de esa cifra hay biografías concretas, y conviene contarlas con nombre y apellido, porque es ahí donde el dato deja de ser abstracto.

Otto Skorzeny, coronel de las Waffen-SS y el hombre que rescató a Mussolini de su prisión en el Gran Sasso en 1943, huyó de un campo de internamiento aliado en 1948 y, tras año y medio escondido en Baviera, llegó a Madrid en 1950 con un pasaporte Nansen facilitado por el propio gobierno español. Allí montó una empresa de ingeniería, compró una finca en Mallorca, asesoró militarmente al Egipto de Nasser reclutando a otros antiguos oficiales nazis, y —según distintas investigaciones— dirigió o participó en Die Spinne, una red que ayudó a fugitivos nazis a llegar hasta Argentina. Murió de cáncer de pulmón en Madrid en 1975, a los 67 años, con funeral público en la capital.

Léon Degrelle, líder del colaboracionismo belga y voluntario de las Waffen-SS, vivió abiertamente en España desde 1945 hasta su muerte en 1994. Bélgica solicitó su extradición varias veces; España la rechazó siempre. Fue, durante casi cinco décadas, uno de los apologistas del nazismo más públicos de Europa, dando entrevistas sin disimulo desde su exilio español.

Otros casos son menos conocidos pero no menos incómodos. Paul Maria Hafner, voluntario de las SS y guardia en los campos de Buchenwald y Dachau, vivió en Madrid desde los años cincuenta hasta su muerte en 2010 —sesenta y cinco años después del final de la guerra—, convertido en una de las voces del negacionismo del Holocausto en español. Hans Juretschke, afiliado a las SA y al cuerpo de profesores nazi, llegó a dirigir el Departamento de Alemán de la Universidad Complutense de Madrid y fue reconocido como hispanista hasta su muerte en 2004, a los 95 años. Johannes Bernhardt, general honorario de las SS y hombre de confianza de Göring, había sido pieza clave en la ayuda militar alemana a Franco desde 1936; a cambio, recibió la nacionalidad española y se instaló sin sobresaltos en Denia.

Ninguno de ellos tuvo que esconderse demasiado. Algunos, como Josef Hans Lazar, jefe de la propaganda alemana en España durante la guerra, evitaron la repatriación con certificados médicos falsificados que las autoridades españolas no se molestaron en cuestionar.

¿Por qué España, y no cualquier otro país? La respuesta no exige demasiada arqueología: el régimen de Franco compartía con el nazismo una afinidad ideológica evidente, había recibido ayuda militar alemana decisiva durante la Guerra Civil, y para 1945 ya tenía un aparato dispuesto —falsificación de documentos, tolerancia consular, redes de acogida— que solo tuvo que reorientar hacia sus antiguos aliados en fuga. Parte de la documentación oficial sobre esta protección, según distintas investigaciones periodísticas, fue deliberadamente destruida con el paso de los años, lo que dificulta hoy reconstruir la cifra exacta: 104 es el número de un solo informe de 1945, no un censo definitivo de todos los que pasaron por España en las décadas siguientes.

Ochenta años después del veredicto de Núremberg, el contraste sigue siendo incómodo. Doce hombres fueron ahorcados por crímenes contra la humanidad en un patio de la prisión de Núremberg. A pocos cientos de kilómetros, otros con responsabilidades similares —algunos guardianes de campos de exterminio, otros propagandistas o financiadores del aparato nazi— envejecieron con tranquilidad en Madrid, Denia o Benidorm, dieron clases en universidades públicas y murieron, en algunos casos, ya entrado el siglo XXI. La justicia de Núremberg fue real. También lo fue su límite geográfico.

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Nota de transparencia: este artículo ha sido elaborado con asistencia de inteligencia artificial (investigación y redacción) bajo revisión y responsabilidad editorial de Pepe Contreras. Todos los datos, nombres y fechas han sido contrastados con las fuentes citadas antes de su publicación, conforme al artículo 50 del Reglamento de IA de la UE.

Fuentes:

• 50 years since 20N: Franco gave refuge to 104 Nazi officers included on an Allied blacklist
• Otto Skorzeny — Wikipedia
• Anexo: Nazis reclamados a España por el Consejo de Control Aliado — Wikipedia
• La dictadura franquista, el mayor refugio europeo de criminales nazis — El Diario

Punto de vista de Claude (IA) yo (IH)

Serie: 80 años de Núremberg

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Hay una imagen que no me suelta desde hace días: la de un patio en Núremberg, el 16 de octubre de 1946, con diez hombres ejecutados en un par de horas. Justicia rápida, casi administrativa, para crímenes que no tienen escala humana. Y a la vez, a menos de dos mil kilómetros de ese patio, en España, otro centenar largo de hombres con responsabilidades parecidas se estaba instalando tranquilamente. Uno de ellos acabaría dando clases en la Universidad Complutense. Otro moriría en su cama en Madrid a los 67 años, dueño de una finca en Mallorca. Un tercero, guardia en Buchenwald, seguiría negando el Holocausto en español hasta el año 2010.

Esa es la primera pregunta que quiero dejar sobre la mesa: ¿qué es exactamente lo que celebramos cuando hablamos del «legado de Núremberg»? Porque hay dos legados, no uno. Está el legado jurídico —real, medible: los Principios de Núremberg, la Convención del Genocidio, la Corte Penal Internacional— que hoy, ochenta años después, sigue vivo y sigue siendo invocado. Y está el legado de sus límites: la prueba de que un principio jurídico y su aplicación universal son dos cosas completamente distintas, y de que esa distancia se puede medir, literalmente, en la biografía de un hombre que da clases de alemán en una universidad pública mientras su historial de las SS duerme en un archivo que nadie revisa.

La segunda pregunta es más incómoda todavía, y me la hago en voz alta porque creo que hay que hacérsela: ¿hubiéramos aplicado el mismo rasero si los papeles se hubieran invertido? Núremberg nunca juzgó Dresde, ni Tokio, ni Hiroshima, ni Nagasaki.

El cargo central del tribunal fue «crimen contra la paz» —quién empezó la guerra—, no solo los métodos usados para terminarla. Es un argumento jurídicamente sólido. También es, para muchos historiadores, una forma elegante de dejar fuera del banquillo a los propios vencedores. No tengo una respuesta cerrada para esto, y desconfiaría de cualquiera que la tuviera. Pero creo que es exactamente la pregunta que un aniversario como este debería obligarnos a hacernos, en vez de conformarnos con la versión cómoda de «los buenos» contra «los malos».

Y hay una tercera capa, más pequeña, más de andar por casa, que es la que a mí personalmente más me remueve. La memoria oral de la costa. Esa gente que en Barbate, en Zahara de los Atunes, sabe cosas que no están en ningún archivo —un desembarco, unas maletas, un cuadro envuelto— y que las cuenta en voz baja, de padres a hijos, sin que nunca lleguen a un juzgado ni a un libro de historia. Esa memoria no sustituye al archivo. Pero tampoco hay que descartarla solo porque no tenga sello oficial. A veces es lo único que queda de una historia que el papel decidió no escribir.

Así que mi punto de vista, si hay que resumirlo en una frase, es este: Núremberg no fue el final de nada. Fue la apertura de una pregunta que seguimos sin cerrar ochenta años después —quién responde, ante quién, y por qué unos sí y otros, con la misma sangre en las manos, murieron tranquilos viendo el mar desde una terraza en la Costa del Sol.