El mapa del rechazo, con datos y sin atajos
Segunda entrega de la serie con motivo del 80 aniversario del veredicto de Núremberg (30 de septiembre–1 de octubre de 1946)
En el primer capítulo de esta serie contamos que, mientras Núremberg condenaba a los responsables nazis, un centenar largo de ellos envejecía tranquilamente en España, protegidos por un régimen afín. Ese capítulo es historia cerrada, con nombres, fechas y archivos.
Este segundo capítulo trata de algo distinto y, en cierto modo, más inquietante: no lo que pasó hace ochenta años, sino lo que está pasando ahora mismo, delante de nosotros, medido con datos de este mismo año. La pregunta que lo guía es sencilla, aunque la respuesta no lo sea: ¿por qué, ochenta años después de que el mundo dijera «nunca más», tantos países están volviendo a mirar hacia gobiernos autoritarios y hacia la derecha más radical? Este capítulo está pensado para leerse sin conocimientos previos de ciencia política —cada término técnico se explica al usarlo—, tanto si naciste después de la Guerra Fría como si viviste aquella época y hoy te cuesta reconocer los ecos de entonces en las noticias de ahora.
Antes de explicar por qué está pasando, conviene establecer que sí está pasando, y con qué magnitud. Los dos observatorios más citados por politólogos de todo el espectro ideológico —el proyecto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo y Freedom House— publicaron sus informes anuales en 2026, y ambos cuentan la misma historia desde ángulos distintos.
Freedom House registra veinte años consecutivos de declive de la libertad global: en su último informe, 54 países empeoraron en derechos políticos y libertades civiles frente a solo 35 que mejoraron. Apenas el 21% de la población mundial vive hoy en un país clasificado como «Libre», frente al 46% de hace dos décadas. Y el deterioro no se limita a dictaduras consolidadas: Estados Unidos sufrió la caída más pronunciada entre las democracias «libres», perdiendo tres puntos en su escala. V-Dem, por su parte, calcula que el 74% de la población mundial —unos 6.000 millones de personas— vive bajo regímenes autocráticos, y que solo el 7% reside en democracias plenas. Su hallazgo más comentado este año es que, por primera vez en más de cincuenta años, Estados Unidos ha perdido para V-Dem su estatus de democracia liberal.
En Europa, siete países atraviesan procesos de «autocratización» —el término que usan los politólogos para describir cómo un país va perdiendo, paso a paso y casi siempre sin una ruptura violenta visible, las características de una democracia: elecciones limpias, medios libres, jueces independientes— según el mismo informe: Hungría, Serbia, Grecia, Eslovaquia, Eslovenia, Italia y Rumanía. Esto desmonta una idea muy extendida: que las instituciones europeas, por ser antiguas y sólidas, son inmunes a esta deriva. No lo son.
Los mecanismos que ambos informes señalan como motor del retroceso son bastante consistentes entre sí: censura o presión sobre medios de comunicación, represión de la sociedad civil (las organizaciones, asociaciones y activistas que vigilan al poder desde fuera del gobierno), deterioro de la calidad electoral, debilitamiento de los contrapesos constitucionales —esto es, los mecanismos que impiden que quien gobierna concentre todo el poder: tribunales independientes, parlamentos con capacidad real de control, prensa libre— y, en varios casos, ataques a las instituciones democráticas protagonizados por líderes que llegaron al poder mediante elecciones limpias.
Ese último punto es importante y distingue esta ola de las rupturas democráticas del siglo XX, la que vivieron quienes recuerdan la posguerra: la mayoría de los casos actuales no son golpes militares clásicos, con tanques en la calle. Son erosión gradual desde dentro del sistema, con el voto como puerta de entrada. Por eso a veces es difícil de reconocer mientras ocurre: no hay un solo día en el que se pueda señalar «aquí terminó la democracia».
Las causas: no hay una sola explicación, y quien te dé solo una te está simplificando
Aquí es donde conviene resistir la tentación de una respuesta única, porque la literatura académica no ofrece consenso sobre una causa dominante, sino varias que se refuerzan entre sí.
La explicación económica sostiene que la desindustrialización, el estancamiento salarial y la desigualdad creciente desde los años ochenta —agravados por la crisis financiera de 2008 y, en Europa, por la crisis del euro y las políticas de austeridad— generaron una base de votantes con razones materiales concretas para desconfiar del orden político existente, sea de centroizquierda o centroderecha tradicional.
La explicación cultural, asociada sobre todo a los politólogos Pippa Norris y Ronald Inglehart, sostiene lo contrario: que el factor decisivo no es tanto la renta como una reacción defensiva de sectores culturalmente conservadores frente a décadas de cambio social acelerado —inmigración, diversidad, nuevos derechos civiles—, que perciben como una pérdida de estatus y de mundo propio, más allá de su situación económica personal.
Una tercera línea señala la crisis de confianza institucional: décadas de escándalos, promesas incumplidas y percepción de que «todos los partidos son iguales» abonaron el terreno para outsiders que se presentan como ruptura total con lo anterior, aunque terminen gobernando de forma muy similar a sus predecesores en materia económica.
Y una cuarta, más reciente, apunta al ecosistema digital: los algoritmos de redes sociales premian el contenido que genera indignación e identidad de grupo frente al que informa con matices, lo que favorece de forma estructural —no por conspiración, sino por diseño de negocio— el discurso polarizador y las narrativas simples de «nosotros contra ellos». A esto se suma un elemento que muchos análisis señalan como relativamente nuevo: la coordinación transnacional explícita entre estos movimientos —desde la exportación del modelo de «democracia iliberal» de Viktor Orbán hasta la internacionalización de foros como CPAC y las redes de financiación compartidas—, que hace que a veces parezca, como bien intuyes, que hay una lógica organizada detrás. En parte la hay: existen redes de asesores, financiadores y estrategias de comunicación que se copian de un país a otro. Pero atribuirlo todo a una organización centralizada única sería, según la mayoría de los especialistas, una simplificación que no resiste el escrutinio: los casos nacionales tienen dinámicas propias y a veces hasta rivalidades entre sí.
¿Es correcto llamarlo «fascismo»?
Esta es la pregunta donde los propios politólogos están más divididos, y merece tratarse con honestidad en vez de zanjarla de un plumazo.
Historiadores como Robert Paxton —autor de referencia sobre el fascismo europeo de entreguerras, durante años reacio a aplicar el término al presente— y Ruth Ben-Ghiat sostienen hoy que hay suficientes elementos de continuidad como para usar la etiqueta o una variante como «neofascismo»: el culto a un líder personalista, la construcción de enemigos internos y externos, la normalización de la violencia política como herramienta legítima, y los ataques sistemáticos a la prensa y al poder judicial independiente.
Politólogos como Cas Mudde o Jan-Werner Müller prefieren términos como «populismo radical de derecha» (movimientos que dividen la sociedad entre «el pueblo verdadero» y unas «élites corruptas», y que defienden una nación étnica o culturalmente homogénea) o «iliberalismo autoritario» (gobiernos que mantienen elecciones pero vacían de contenido los derechos y controles que las hacen significativas), y no por suavizar el diagnóstico: argumentan que el fascismo histórico incluía elementos que la mayoría de estos movimientos actuales no tienen —un partido único con aparato paramilitar propio, la exaltación explícita de la guerra como regeneración nacional, la abolición completa del pluralismo electoral—. Para ellos, llamar «fascismo» a todo lo que hoy se mueve a la derecha radical diluye la palabra y dificulta entender lo que sí es genuinamente nuevo en este fenómeno: su naturaleza digital, descentralizada y todavía —en la mayoría de los casos— dispuesta a competir en elecciones en vez de abolirlas.
No es una discusión semántica menor. Cómo se nombra un fenómeno determina, en buena medida, qué herramientas se consideran legítimas para responderle. Quizás la conclusión más honesta, a la vista de ambos informes y de este debate, es que estamos ante algo con genealogía fascista pero forma nueva: no hace falta que sea idéntico a 1933 para que las instituciones democráticas puedan erosionarse de verdad, y los datos de V-Dem y Freedom House sugieren que ya lo están haciendo.
Nota de transparencia: este artículo ha sido elaborado con asistencia de Claude inteligencia artificial (investigación y redacción) bajo revisión y responsabilidad editorial de Pepe Contreras, conforme al artículo 50 del Reglamento de IA de la UE.
Fuentes:
Nuevas perspectivas frente a la extrema derecha — Nueva Sociedad
Freedom in the World 2026: The Growing Shadow of Autocracy — Freedom House
Global Freedom Declined for 20th Consecutive Year in 2025 — Freedom House
Informe sobre la Democracia 2026 — V-Dem Institute (PDF, español)
Desmoronamiento de la era democrática: Análisis del Informe V-Dem 2026
Informe Mundial 2026 — Human Rights Watch
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